El Confidencial/20Minutos/AlcaláDigital.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a diez nuevos empresarios en el caso de los 'papeles de Bárcenas', en el que se investiga una presunta contabilidad B del PP, tras admitir la ampliación de la querella presentada por Izquierda Unida. (Leer auto de la resolución judicial)

El instructor lo admite a trámite parcialmente y cita como imputados para los próximos días 16 y 17 de enero a Rafael Palencia (de Degrémont Iberia y de Générale Dex Eaus), Cecilio Sánchez (relacionado con FCC) , Camilo José Alcalá (relacionado con Cyopsa-Sisocia), José Antonio Romero (Del Grupo Romero Polo), José Luis Suárez (de Construcciones Parraño), Joaquin Molpeceres (Grupo Licuas), Antonio Pinal (Bruesa Construcción), Ignacio Ugarteche (Urazca Construcciones), Ramon Aigé (Sorigue-Acsa Conservación de Infraestructuras)y Vicente Cotino (Sedesa), éste último es el sobrino del actual presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino.

Así, el empresario, Joaquin Molpeceres (Grupo Licuas), tiene concedidas contratas con el ayuntyamiento de Alcalá de Henares, como, fue la realización del Carril Bici o, la poda de la ciudad, como la gestión y realización del Campo de Golf del El Encin.

El propietario de la misma es Joaquín Molpeceres, un conocido empresario dedicado al golf y a la construcción que mantiene una relación de amistad con la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, y con el marido de esta, Fernando Ramírez de Haro, a su vez vicepresidente segundo de la Federación Española de Golf. El nombre de Molpeceres —81 años y natural de Madrid— figura en varios informes de la Policía Judicial y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. De acuerdo a los mismos dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían abonado entre 2002 y 2005 hasta 225.000 euros a las empresas Easy Concept y Technology Consulting Managament (TMC), ambas pertenecientes a la red del supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.

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Todos ellos fueron querellados por un delito contable, de asociación lícita,alteración del precio en concursos y subastas públicas, receptación yblanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias,delitos contra la Hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad de fondos electorales y apropiación indebida de fondos electorales.

Varias de las empresas a las que pertenecen los ahora imputados ya han sido investigadas en este asunto y, por tanto, Ruz entiende que en el momento procesal adecuado para abrir un proceso porque por el momento no se puede descartar su relevancia penal.

Por otro lado, Ruz rechaza citar como imputado al marido de la secretaria general del PP, Ignacio López del Hierro, al no constar indiciariamente responsabilidad penal en relación a los hechos investigados, bien en atención a la antigüedad de las fechas en las que se les atribuyen los movimientos económicos reflejados en los documentos contables objeto de instrucción, "que habría que determinar la prescripción de los delitos invocados, bien en atención a la escasa, vaga o en ocasiones inexistente descripción complementaria de hechos".

En los papeles aparecen pagos del marido de María Dolores de Cospedal al PP, por un importe total de 114.192 euros en los años 1997 y 1998.
También rechaza la imputación de los ex dirigentes de la formación Ángel Acebes, de quien dice que hasta el momento no hay indicios para actuar contra él, ni contra Francisco Álvarez Cascos, que en todo caso recuerda que es miembro aforado, cuyos nombres aparecen como receptores de dinero de la caja B. Respecto del primero, IU les acusa de haber recibido sobresueldos por valor de 600.000 euros, parte de ellos recibidos cuando eran ministros.

Ruz pide a la UDEF que incluya a los nuevos imputados, que aparecen como donantes del PP en el informe definitivo que está preparando, a fin de investigar "la vinculación entre los supuestos pagos atribuidos a los querellados a favor del PP y, los contratos o adjudicaciones públicas que hubieren sido otorgadas en relación a las referidas prestaciones económicas". El juez está a la espera de que la Policía pueda encontrar datos por lo que se pueda determinar la presunta participación de los nuevos querellados en los hechos objeto de imputación, "así como de concretar la indiciaria calificación como presuntos delitos contra la Administración Pública singularmente cohecho y tráfico de influencias- y contra la Hacienda Pública".