AlcaláDigital
28 de octubre de 2014

 


Bello adjudicó a la empresa Cofely  investigada en la  'operación Púnica” un contrato de 14 millones de euros

 
   
 
 
         

 
 

Así lo denuncia hoy el PSOE de Alcalá de Henares en un comunicado en donde se afrirma que: En el día de hoy los medios de comunicación han denunciado la detención de cuatro altos cargos de la empresa energética COFELY, como parte de un posible entramado de corrupción en el marco de la Operación Púnica. La Fiscalía Anticorrupción ha señalado en este sentido que esta estructura corrupta estaría infiltrada en varios ayuntamientos de nuestra comunidad y habría empleado adjudicaciones de contratos de servicios energéticos para instalaciones municipales como medio para operar en los consistorios.

Tras tener accedo a las informaciones publicadas, los socialistas complutenses han manifestado su preocupación ya que la citada empresa “está directamente ligada” al Consistorio complutense, después de que el equipo de Gobierno adjudicara de forma unilateral en Junta de Gobierno en septiembre de 2013 la privatización del servicio de suministro energético por un montante de casi 14 millones de euros.  El edil socialista Alberto Blázquez ha señalado tras confirmarse la información que “la historia de COFELY en nuestro Ayuntamiento es una historia rodeada de opacidad por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular”. Blázquez ha recordado que este proyecto “se inicia en noviembre de 2011, cuando el equipo de Gobierno aprueba en Junta de Gobierno los pliegos de condiciones para sacar a concurso público la privatización del servicio de suministro y mantenimiento energético de seis colegios y las ciudades deportivas de El Val y El Juncal, todo con un coste de 981.065 euros anuales y por un período de 15 años, es decir, por un total de casi 14 millones de euros”. En julio de 2012, siendo alcalde Bartolomé González, la Junta de Gobierno dejó “sobre la mesa” la adjudicación del concurso a COFELY. Posteriormente, el 29 de octubre de 2012 el equipo de Gobierno, siendo ya alcalde Javier Bello, renunció en un primer momento al contrato, e incluso se aprobó indemnizar a las empresas concurrentes. Sin embargo, sorprendentemente, el equipo de Gobierno, con Javier Bello al frente, admite un recurso de reposición de la empresa COFELY y deciden adjudicar finalmente la privatización del servicio de gestión energética a dicha empresa. Se materializa en octubre de 2013 con la firma del contrato con la citada empresa y su publicación en el BOCM del 12 de noviembre de 2013, donde se confirma la privatización del servicio a favor de COFELY por importe de 14 millones de euros”.

Blázquez denunció que “hemos venido solicitando el expediente completo de este contrato y en particular el informe externo que sirvió para adjudicar finalmente el concurso a COFELY. Este informe fue pagado por la propia empresa COFELY tal y como se nos informó en diferentes comisiones de pleno, aunque nunca se nos proporcionó dicho informe. Todos estos procesos están marcados por un oscurantismo que nos preocupa más aún tras confirmarse hoy la detención de directivos de la citada empresa por su pertenencia a una supuesta trama de corrupción. Por ello, exigimos explicaciones urgentes al alcalde Javier Bello.

Por su parte, el Portavoz de los socialistas, Javier Rodríguez Palacios, señaló que “desde el inicio de este proyecto impulsado por el PP de Alcalá para privatizar el suministro de gestión energética hemos mostrado nuestra oposición tanto al fondo como a las formas”. Rodríguez Palacios recordó que “desde hace meses venimos preguntando en las diferentes comisiones asuntos relacionados con el proceso de contratación y los continuos cambios del equipo de Gobierno”. En este sentido, el Portavoz socialista denunció que “los informes técnicos iniciales realizados por los servicios municipales justificaban la renuncia del concurso ya que su gestión era más eficiente desde lo público. Sin embargo, fue el informe externo pagado por la propia COFELY el que finalmente sirvió para adjudicar el contrato por 14 millones de euros”. Por último, Rodríguez Palacios afirmó que “desde el Grupo Socialista siempre hemos mostrado nuestro recelo a un proyecto plagado de aspectos “extraños”. Por ello, mañana mismo se solicitará al alcalde Javier Bello la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Alcalá de Henares al objeto de que se facilite a los distintos grupos políticos Información con verificación documental y entrega de copias de todo el expediente de este contrato.”

Granados actuaba de conseguidor y Cofely era la empresa sobre la que pivotó la trama, según la investigación

(EUROPA PRESS) -    El principal detenido en la 'operación Púnica', Francisco Granados, hacía las labores de conseguidor de la trama desarticulada por la Guardia Civil. El que fuera 'número dos' del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid hacía valer su influencia en los despachos de alcaldes municipales para lograr las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.

   Fuentes de la investigación han explicado a Europa Press que, aunque Granados llevaba al menos tres años fuera de la primera línea política, era la persona que conectaba a las instituciones públicas con los empresarios implicados en la trama. Sólo en los dos últimos años esta red defraudó 250 millones de euros.

   No en vano, el nombre de la 'operación Púnica' sale de un juego de palabras de los investigadores entre Granados y el nombre científico en latín del granado, el árbol de la granada: 'punica granatum'. Se trata de un recurso habitual de las fuerzas de seguridad a la hora de bautizar sus operaciones para señalar al principal sospechoso como ya ocurrió con la trama Gürtel (correa en alemán) en relación al nombre del principal detenido, el empresario Francisco Correa.

   Las pesquisas han estado coordinadas por el juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y han corrido a cargo del Grupo de Delitos contra la Administración dependiente del Departamento de Delincuencia Económica. Se trata del mismo Departamento que investiga los ERE's de Andalucía.

   En este caso, según las mismas fuentes, era la empresa Cofely --filial de la multinacional francesa GDF Suez-- "la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama" y la que se benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única. Su sede en Madrid ha sido registrada durante horas por los efectivos de Guardia Civil.

CONTRATO DE 54 MILLONES CON PARLA

   Cofely presta servicios de eficiencia energética y en su propia página web anuncia que en 2013 resultó "adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla". El contrato tenía una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros.

   Según indica, a cambio "tiene previsto conseguir unos ahorros energéticos cercanos al 40 por ciento en el alumbrado público y de más del 6 por ciento en el consumo eléctrico de los edificios, lo que supone la disminución de casi 1.000 toneladas anuales de CO2". En eso consiste básicamente el negocio de eficiencia energética. Precisamente el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, es otro de los arrestados este lunes.

   La Fiscalía Anticorrupción emitió a primera hora un comunicado en el que daba cuenta de 51 detenidos, pero fuentes de la investigación confirmaron a Europa Press que en torno a las 18.00 horas eran 30 las personas arrestadas en Madrid, León, Murcia y Valencia. En la nómina figuraban los alcaldes de seis municipios madrileños, concejales y técnicos entre otros cargos públicos así como empresarios. También ha sido arrestado el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

   Anticorrupción habla de "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

   Aunque Granados figura como el elemento principal de la trama hay otros detenidos a los que la Guardia Civil también otorga el papel de conseguidores. Es el caso del ex alcalde de Cartagena en la década de los noventa, el socialista José Antonio Alonso Conesa o el empresario David Marjaliza.

2% Y 3% DE COMISIÓN PARA ENRIQUECIMIENTO PERSONAL

    Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.

   La conclusión de los investigadores, por tanto, es que la trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a diferentes partidos y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.

   La Guardia Civil ha movilizado para esta operación a un total de 150 efectivos entre los agentes de la UCO y de Seguridad Ciudadana de las Unidades Territoriales que han prestado apoyo en todas las detenciones y registros. Ya por la tarde comenzaban a llegar la Audiencia Nacional las cajas con documentación incautadas en los numerosos registros.

   Todos los detenidos van a ser trasladados a Madrid y serán distribuidos entre los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos o los del Cuartel de Las Rozas. Se trata de las dos instalaciones del Instituto Armado en la Comunidad de Madrid cuyos calabozos albergan una mayor capacidad. Tras presenciar toda la mañana los registros en su domicilio, Granados ha sido llevado a Las Rozas, donde permanecerá hasta pasar a disposición judicial.

Cofely, empresa de la trama, borra de su web las noticias de adjudicaciones con alcaldes implicados

(EUROPA PRESS) -    Cofely, empresa sobre la que pivotó gran parte de la trama que investiga la 'Operación Púnica', ha eliminado de su página web toda la información que pudiera tener sobre adjudicaciones con ayuntamientos implicados en la trama y cuyos alcaldes, como en el caso de Parla, han sido detenidos.

   Ayer a última hora de la tarde se podía ver como primera de las noticias de actualidad en su página web una información sobre un acuerdo con el alcalde de este municipio, José María Fraile, de julio de 2013.

   En la misma, se leía que la empresa había resultado "adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla". El contrato tenía una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros.

   Según indicaba, a cambio tenía "previsto conseguir unos ahorros energéticos cercanos al 40 por ciento en el alumbrado público y de más del 6 por ciento en el consumo eléctrico de los edificios, lo que supone la disminución de casi 1.000 toneladas anuales de CO2".

   Sin embargo, a primera hora de esta mañana ya no hay rastro de la información y cuando se quiere intentar 'leer más' acerca de la misma, dice que la "noticia ya no existe". De hecho, la última información que aparece en este apartado de 'Actualidad' corresponde a diciembre de 2012 sobre un proyecto de Cofely lidera junto a la ciudad de Zamora para impulsar las Smart Cities.

DETENIDOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA

   Cofely, empresa filial de la multinacional francesa CDF Suez, era la compañía sobre la que "pivotaba gran parte de la trama" en la que el exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, también detenido este lunes, hacía la labor de conseguidor de adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales.

   La Guardia Civil detuvo ayer a cuatro altos cargos de la empresa en Madrid, entre ellos a su director general, de nacionalidad francesa.  En esta sede madrileña trabaja desde abril de 2013 Miguel Ángel Villanueva, que fuera vicealcalde de Madrid hasta su dimisión tras la tragedia del Madrid Arena, aunque él no se encuentra entre los cuatro detenidos, según fuentes de la investigación.

   Cofely aparece, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, como la empresa central en la trama ya que fue la que benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única. Su sede en Madrid también ha sido registrada este lunes durante horas por los efectivos de Guardia Civil.

LA ÉTICA, UNO DE SUS COMPROMISOS

   Otro de los apartados de la web de Cofely, titulado 'Ética, valores y compromisos', señala que "una empresa sostenible es una empresa ética" y asegura que la "ética es una dimensión esencial del éxito del proyecto industrial y humano de GFF SUEZ y un acto de responsabilidad individual de cada uno de sus integrantes".

  "Esto se refleja en los principios fundamentales que guían los comportamientos de toda la organización: el cumplimiento de las leyes y normativas, la integridad, la lealtad, la honradez y el respeto a los demás", expone la empresa, que apunta que "esta política se recoge en dos textos fundamentales: El Código de Ética y la Guía Práctica".

   En cuanto a los valores del Grupo, destaca la "exigencia, el compromiso, la audacia y la cohesión".

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