AlcaláDigital.- Virginia Sanz Jurado. Partido Popular. Biografía: Nacida en Palencia el 18 de junio de 1981. Técnico Superior en. Administración… Así daba comienzo la biografía, de Virginia Sanz, que constaba en su etapa como concejala en el ayuntamiento de Alcalá, y que ya hoy no se puede ver porque, ha sido borrada, de la base de datos municipal, al perder la condición de miembro de esta Corporación Municipal.
Y es que, esta pelentina de 34 años, que ha saltado a las páginas de la peor fama, por presuntos delitos de corrupción, a escasos días de dejar su acta de concejala, no está pasando inadvertida tras este monumental escándalo político y judicial, ya que comienzan a alzarse voces, a favor y, en contra o, como en su partido de Alcalá, a dos días de su detención, no han pronunciado una sola frase en su defensa, y a lo más que han llegado, es a pedir “prudencia”.
Una prudencia, que no comparte su familia ni muchos en su círculo de amistades, que ayer emitía un comunicado, de apoyo defendiendo su inocencia “hasta que se demuestre lo contrario”, y su honestidad, “ya que jamás se ha lucrado de forma indebida”. Afirmaciones, que por lo visto y comprobado, no comparte el juez, que está detrás de la causa, y que la ha puesto como pieza fundamental y por eso ordeno su detención, por engordar los contratos que se firmaban con el ayuntamiento, pero además el ayuntamiento pagaba el doble de lo estipulado en el pliego y lo realizaba con partidas destinadas a otros fines, temas graves que para cumplirse se necesita la firma de la concejal responsable de área. Una firma que a buen seguro, el juez encargado del caso ha visto estampada en los contratos, que el lunes se incautó la policía como parte del sumario.
A Virginia la han utilizado, como cabeza de turco, (se dice por ambientes cercanos y alejados de la ex concejala), los mismos que ahora callan y se tientan las ropas, para distanciarse, y además compañeros suyos del PP durante 8 años que no han manifestado ni una palabra de apoyo. Y es que, ya es de mucha casualidad, que a escasos días de dejar su acta de concejal, se monte esta macro operación policial y la detengan. “Demasiada casualidad” se dice.
Una, “casualidad, o no,” que ya se está analizando por los ambientes políticos de la ciudad, en donde, se pone de manifiesto, lo oscuro de su salida de la lista pepera, realizada por Bartolo y Bello, que la dejo fuera de una forma bastante extraña, y nada explicada pero que la ha podido dejar a los “pies de los caballos”, ya que una cosa es que te detengan con un acta de concejala bajo el brazo y otra que te detengan de persona normalita. Con un acta de concejal bajo el brazo, tienes el amparo del partido y los servicios jurídicos asegurados, (nos dicen) cosa que ahora no.
Y es que, en esta Alcalá por mucho secreto de sumario que exista sobre el caso, la “comidilla” política y social tiene hoy nombres y apellidos. Virginia Sanz Jurado. Una joven mujer, con familia joven, dedicada desde muy joven al PP, ella y su familia, en donde fue presidenta del Nuevas Generaciones, y que su paso por la política profesional la ha dejado herida. Unas heridas que tardaran mucho en curar, sean declarada culpable o, inocentes, ya que la pena de telediario es más rápida e implacable, de una sentencia judicial que de media puede tardar años y, años.
El libertad con cargos tras tres días detenida
El juzgado de guardia de Alcalá de Henares ha decidido dejar en libertad con cargos y medidas cautelares a los tres detenidos en los últimos días en un caso de presunta corrupción política: la exconcejala de festejos, un técnico municipal y un empresario. Se trata de una investigación que lleva el juzgado número dos de esta localidad por un supuesto caso decontrataciones irregulares en las fiestas de Alcalá de Henares en los años 2013 y 2014, cuando el alcalde de la localidad era Javier Bello.
Sobre Virginia Sanz, exoncejala de festejos y deportes, pesa la acusación de varios delitos relacionados con la corrupción política:prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. A las otras dos personas también se les acusa de amenazas.
El juzgado les obliga además a comparecer en el juzgado cada quince días, mientras que la investigación sigue bajo secreto de sumario.
