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Madrid. Lunes 16 de enero de 2012
 
 

Una querella con graves acusaciones

 
     
 

MADRID, ALCALÁ DE HENARES, (ALCALADIGITAL) Acusaciones muy graves se desprenden del texto de la querella criminal puesta por el policía local Álvaro Calvo Cibrián, de la que en estos días tienen que declarar ante el juzgado, tanto el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, como el subinspector jefe Ricardo Castillo de la Guerra y el policía local Lorenzo Granell Jiménez, sobre todo leyendo los diferentes enunciados en los que se fundamenta la denuncia, sobre todo en lo concerniente al papel desempeñado por el querellante, al ser en el momento de la denuncia marido de una concejala del partido de la oposición (PSOE) Eva LLarandi.

Y es que si un estudiante de derecho quiere conocer en profundidad una exhaustiva querella criminal, no tiene más que remitirse al texto de la interpuesta contra los actores antes significados.

Una querella criminal, en la que están inmersos diferentes delitos, sobre todo los que el querellante apunta relativa a las graves discriminaciones a las que ha sido sometido.
En su argumentación referente al considerado delito de PREVARICACIÓN MEDIANTE INCOACION RECURRENTE E INJUSTIFICADA DE MAS DE 25 EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS EN MENOS DE 2 AÑOS.

Se argumenta: “ Se han llevado a cabo por los querellados la incoación de más de 25 expedientes disciplinarios hacia el agente discriminado. Estos expedientes en la actualidad continúan sin haber recibido un pronunciamiento tras las alegaciones realizadas por el querellante. Es decir, se abren, y se dejan abiertos deliberadamente, para obstaculizar que l querellante pueda llegar a los tribunales contencioso-administrativos a demostrar su razón.

Valiéndose de su condición de superiores del querellado y ostentando un cargo de funcionario público, los querellantes someten mediante apertura de numerosos expedientes y escarnio público y todo ello a raíz del cargo que ostenta el cónyuge de éste, una grave presión psicológica.

En primer lugar se incoa expediente disciplinario 06/2008, de fecha 11 de agosto de 2008, dicho expediente se abre al querellante por no presentarse al servicio el día 4 de agosto. Esta situación es cuanto menos irregular puesto que el querellante habiendo solicitado librar con fecha 27 de junio, no le fue comunicada la denegación del Suboficial que lo firmó (Sr. Galiana) tal y como consta en el expediente, ya que de ser así, debería existir el correspondiente recibí firmado por el querellado. De la misma forma esta situación se traduce n una discriminación hacia el querellado ya que el resto de compañeros si reciben la comunicación”

Aspecto que se documenta con la propuesta de sanción del expediente 6/2008.

En esta Relación Circunstanciada de los Hechos, en su segunda exposición continúan haciendo referencia al estado del querellante.

“En este punto y dado que el querellante atraviesa fuertes depresiones derivadas de lo tratos discriminatorios que se están llevando a cabo sobre su persona, se empiezan a suceder de manera reiterada con la única finalidad de menoscabar en la salud moral del agente perjudicado numerosos expedientes disciplinarios basados en que, tal y como consta en los mencionados expediente, prescinde del conducto reglamentario.

El querellante presentaba sus bajas laborales en el registro general del Ayuntamiento, tal y como realizaban todos sus compañeros y el resto de funcionarios, y además dejaba constancia de ello, pues ni existe registro, ni se da recibí alguno.

Así mismo por parte del Ayuntamiento se colgó un comunicado a los trabajadores en que se indica que: Todos los trabajadores municipales deben entregar en el área de recursos humanos sus bajas laborales. Ante la costumbre y las propias indicaciones del Ayuntamiento, mi representado presentaba sus bajas en el Registro General del Ayuntamiento”.

Hay que tener en cuenta que la querella presentada  está redactada por la procuradora María Victoria Pavón Vela en nombre de Álvaro Calvo Cibrián.

En este punto se sigue haciendo una exposición detallada de la presentación de bajas en el ayuntamiento de Alcalá.

Por lo que respecta al argumentarlo sobre las acusaciones de Prevaricación y Discriminación en cuanto a funciones se expone:

“Asimismo el agente que suscribe, viene sufriendo graves discriminaciones en cuanto a las funciones que desempeña y que le vienen ordenadas por la superioridad (el Jefe de la Policía Local)

A continuación en el texto de la querella se efectúa una detallada redacción , subrayándose el párrafo siguiente:

“Igualmente tras un año y medio prestando servicio en el Depósito Municipal de vehículos verbalmente el cabo D. Antonio Rodríguez Osma comunica al querellante que por orden expresa de Jefatura va a dejar de presar servicio en dicho depósito traspasándolo a punto de control, lugar de trabajo que anula la autorrealización de un trabajador, y que según palabras del cabo D. Antonio Rodríguez Osma “no puedes tener ni ordenado, ni libros, ni nada”. Se e destina a una mesa vacía, en un pasillo vacío, sin nada que hacer, todo el día mirando a la pared”.

El siguiente párrafo expone:

“En este punto conviene destacar como D. Raúl Navarro representante C.P.P.M. en la reunión permanente de pleno de participación ciudadana celebrada el 28 de octubre de 2009, comenta y tal y como se transcribe de forma literal: “D. Raúl Navarro comenta que había dos posibles casos de mobing contra dos efectivos de policía local, uno está de baja y otro se acaba de incorporar y se le ha cambiado de puesto. Este policía se encontraba en el depósito de vehículos y se ha dado la orden de traslado, cuando su puesto no se ha cubierto de forma fija”.

Ni que decir tiene que todo está en manos de la juez de instrucción del juzgado nº 2 de Alcalá de Henares, que tiene que escuchar las declaraciones de todas las partes, analizar la documentación presentada, y juzgar si procede sobre las graves acusaciones que recaen en el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González y dos policías locales.
Jurídicamente la calificación de los hechos del querellante entiende que el DELITO DE PREVARICACION, según recoge el artículo 404 del código Penal.

“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigara con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”

Asimismo el DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES es recogido en el artículo 314 del Código Penal

“Los que produzcan una grave discriminación en el empleo público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado Español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses”.

En cuanto al resto de los delitos que entiende el querellante que se han producido en su persona, el de Malversación de Caudales públicos se regula por los artículos 432 y 435 del código penal.
El de Desobediencia Judicial lo recoge el artículo 410 del mismo código, así como el artículo 147 recoge el Delito de Lesiones.

 
     
     
 
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